mayo 30, 2024

A casi 30 años del genocidio de Ruanda, Bélgica quiere hacer justicia

La Justicia belga arrancó el juicio contra dos altos responsables ruandeses a quienes acusa de ser responsables de las campañas anti-tutsis que desataron el genocidio en Ruanda en 1994. Séraphin Twahirwa, de 65 años, y Pierre Basabose, de 76 se sientan desde este lunes ante los jueces belgas.

Su proceso busca hacer justicia a las víctimas de uno de los mayores genocidios del siglo pasado, que entre abril y julio de 1994 provocó más de 800.000 víctimas mortales.

Twahirwa y Basabose habían encontrado refugio en Bélgica tras los conflictos de la región de los Grandes Lagos africanos a finales de los años 90 del siglo pasado. Durante años vivieron sin ser molestados pero los testimonios de testigos contra ellos se iban acumulando y en septiembre de 2020, después de una orden de arresto internacional emitida por las autoridades ruandesas, fueron detenidos en Bruselas.

La Fiscalía belga también los tenía bajo investigación porque los servicios de inmigración habían detectado que no eran dos simples ciudadanos ruandeses.

Twahirwa y Basabose eran personas de la máxima confianza del expresidente Juvenal Habyarimana y los testimonios recogidos por la Justicia belga aseguran que eran dos de los máximos responsables de las campañas anti-tutsis lanzadas por el poder hutu en Ruanda desde principios de los 90. Twahirwa además está acusado de ser el jefe de los Interahamwe (extremistas hutus) en la capital ruandesa, Kigali. Ese grupo asesinó a decenas de personalidades entre abril y julio de 1994.

En Ruanda se crearon tribunales comunitarios conocidos como "gacaca", para lidiar con sospechosos de genocidio.En Ruanda se crearon tribunales comunitarios conocidos como «gacaca», para lidiar con sospechosos de genocidio.

Basabose, que llegó a obtener el estatuto de refugiado político en Bruselas escondiendo su identidad real, está acusado de ser uno de los principales financiadores de las milicias hutus. Antiguo alto cargo militar y empresario millonario, entregaba a los milicianos Interahamwe armas y dinero, y eso con conocimiento del presidente Habyarimana. Basabose era además uno de los propietarios de la cadena de radiotelevisión “Mil Colinas”, la que durante el genocidio lanzaba a diario llamados a matar tutsis.

Los tribunales belgas decidieron no aceptar la orden de arresto internacional emitida por Ruanda y, acogiéndose la ley belga de “competencia universal”, juzgarlos en tribunales belgas porque la ley permite esos juicios por crímenes contra el derecho internacional humanitario cometidos fuera de Bélgica.

El proceso judicial arrancó este lunes y se prevé que dure al menos dos meses. Si fueran declarados culpables, Basabose y Twahirwa podrían ser condenados a cadena perpetua. En 2019 Bélgica juzgó a otro alto funcionario ruandés, Fabien Neretsé, a quien condenó a 25 años de prisión.

Un refugiado hutu ruandés y un niño yacían heridos en el suelo con las piernas rotas después de que estalló un motín por alimentos cerca de la ciudad fronteriza de Goma, en 1996. Foto ReutersUn refugiado hutu ruandés y un niño yacían heridos en el suelo con las piernas rotas después de que estalló un motín por alimentos cerca de la ciudad fronteriza de Goma, en 1996. Foto Reuters

Los abogados belgas de Basabose, de 76 años, pidieron la nulidad del proceso alegando que su cliente tiene demencia y es incapaz de participar las vistas del juicio. Los jueces desestimaron la petición, pero es un asunto que volverá a salir durante las primeras jornadas.

El juicio es además mediático en Bélgica porque se enfrentan dos de los abogados más conocidos del país. Jean Flamme defiende a Basabose y Michèle Hirsch a varias asociaciones de víctimas.