
El gobierno mexicano continúa su cruzada para defender los derechos de propiedad intelectual de las comunidades indígenas. Louis Vuitton, Carolina Herrera o la diseñadora francesa Isabel Marant ya han estado en el centro de la diana con denuncias de plagio y robo cultural comunitario. Ahora el dedo apunta a Zara, a quien la Secretaría de Cultura de México envió una carta la semana pasada sobre un vestido de su última colección en estilo huipiles bordado a mano por artesanos indígenas mexicanos. La misiva pide a la multinacional española que explique públicamente «por qué se privatiza una propiedad colectiva», cuyo origen «se identifica en varias comunidades de Oaxaca», así como «los beneficios que se recompensarán a las comunidades creativas».
El reclamo de México, que además de Inditex envió cartas similares esta semana a los estadounidenses Anthropologie y Patowl, identifica incluso el origen específico del presunto plagio: los patrones de la cultura mixteca en el municipio de San Juan Colorado, en el occidental estado de Oaxaca, uno de los territorios con mayor población indígena y una fuerte tradición artesanal que, en muchos casos, se convierte en la única salida económica existente en las comunidades. Los huipiles, en particular, se tejen a mano en un telar de corte y pueden tardar más de un mes en fabricarse. En el caso de la denunciada vestimenta de Zara, México afirma que los símbolos relativos al centro del universo, el agua o los caminos, se utilizan de forma espuria, «símbolos que se han transmitido de generación en generación y se conserva la memoria de los pueblos mixtecos».
“Es – agrega la carta – un principio de consideración ética que, a nivel local y global, nos obliga a llamar la atención y discutir un tema urgente como es la protección de los derechos de los pueblos indígenas históricamente invisibles”. El texto también menciona toda la batería de acuerdos y textos legales internacionales, desde la ONU hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que de alguna manera reconocen la autoría y protección del trabajo artesanal de los pueblos indígenas. Una base jurídica delicada, especialmente por la complejidad que implica la paternidad colectiva y sus derivadas a la hora de reclamar o establecer una indemnización por daños.
Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha abrazado la causa como parte de su política centrada en la batalla de los símbolos. Hace apenas un mes, el Congreso aprobó una enmienda a la ley de derechos de autor, que reconoce las obras de los pueblos y comunidades indígenas como «objetos de protección de los derechos de propiedad intelectual». A falta de su aprobación definitiva en el Senado, juristas y peritos ya han adelantado que, a pesar de la buena intención de la ley, lo más probable es que sea insuficiente.
No es la primera vez que México sufre una polémica por el uso de modelos de pueblos indígenas en colecciones de moda. Cultura también envió hace dos años una carta similar a Carolina Herrera. El motivo de la discordia en este caso fueron los diseños de unos sarapes que, según México, plagiaron un bordado de la comunidad de Tenango de Doria (Hidalgo). En 2015, una túnica y una blusa de la francesa Isabel Marant causaron muchas críticas en las redes sociales. Los diseños de las prendas bebían de los que usaban las mujeres mixe del pueblo de Santa María Tlahuitoltepec, en la serranía de Oaxaca.
Zara también había sido acusada previamente de plagio por usar diseños artesanales mexicanos. La más reciente fue en 2018, cuando comenzó a circular en redes sociales la acusación de que una de las chaquetas mostraba un diseño similar a un bordado que utilizan las mujeres de Aguacatenango, en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas.
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