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La financiación autonómica, uno de los grandes problemas estructurales que arrastra España a lo largo de la última década y que hasta ahora había quedado relegada por tres crisis consecutivas, tras la Gran Recesión, el conflicto territorial de Cataluña y la pandemia, está en marcha. el borde se convierte en uno de los temas centrales de la agenda política española. Y con una mirada impredecible. Por una vez, no habrá política de bloqueo.
Los barones del PSOE y del PP llevan semanas tomando posición y tejiendo alianzas transversales, en base a intereses comunes y no a órdenes de equipo de Ferraz o Génova, a la espera de que el gobierno decida renovar el actual, obsoleto modelo de 2014. La Consejería de Hacienda guarda silencio mientras las comunidades más pobladas, pero con un problema de subfinanciación también reconocido por La Moncloa, como Andalucía y la Comunidad Valenciana, se movilizan y rompen la dinámica del enfrentamiento entre los dos grandes partidos. La reacción en la meseta no se hizo esperar. Las comunidades del interior peninsular también se organizan y piden que se combata la despoblación con mayores inversiones si quieren revertir la dinámica que ha hecho vivir a 41 millones de personas en el 30% del país -Madrid y la costa- y solo 6 millones en vivo a cambio del 70%.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, fue el último en moverse el miércoles. “Ante el hecho de que hay autonomías como Andalucía y la Comunidad Valenciana que legítimamente se unen para hablar de financiación per cápitaLa mayoría de comunidades autónomas responden a un criterio de financiación que tiene que ver con las estrategias de asentamiento poblacional, la dispersión poblacional, el coste de los servicios públicos, y por ello iniciaremos una ronda de contactos con los presidentes de las comunidades autónomas. unir fuerzas y hacerlo en todos los ámbitos ”, enfatizó.
El líder socialista, que ya ha mantenido conversaciones informales con homólogos del PP y su partido en la conferencia de presidentes de finales de julio en Salamanca, tiene como hoja de ruta la cumbre de 2018 en la que Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y La Rioja han acordado los criterios que debe tener el nuevo modelo de financiación autonómica. “Deberían tener en cuenta, en mayor medida, variables como costes fijos, orografía, superficie, dispersión, baja densidad, baja natalidad o envejecimiento de la población”, ya ha llamado Pedro Sánchez. . El intento del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), de organizar una nueva cumbre a principios de año se vio interrumpido por la sospecha de algunas comunidades del PSOE.
Ante esta exigencia de que la población simplemente tenga menos peso del que tiene ahora en el sistema de financiación, otro barón del PSOE, Ximo Puig, fue uno de los líderes territoriales más activos en la búsqueda de aliados que, en otras circunstancias, lo sería en las antípodas. . El presidente valenciano acordó este miércoles con Pere Aragonès unir fuerzas para atraer y gestionar fondos europeos. Pero no ha habido avances en la financiación. los presidente El catalán persigue un acuerdo bilateral con el gobierno sobre este y otros temas. Fuentes de la Generalitat catalana son pesimistas y creen que la legislatura terminará con el modelo vigente.
Puig, que negó que su intención sea crear un «frente común» o «generar bloques» sino forjar «alianzas diversas y plurales» con las autonomías más tratadas por el sistema financiero, también se reunió en julio con Francina Armengol. La presidenta de las Islas Baleares, de su propio partido, comparte la preocupación por el «hacinamiento» de las comunidades más turísticas en verano, con el impacto que tienen en los servicios públicos.
Con estas premisas, la reunión que Puig mantendrá en dos semanas con el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, del PP, fue la que acabó por acelerar los movimientos de otros territorios. La sintonía entre los gobiernos de las dos comunidades más populosas gobernantes populares y socialistas no tomó desprevenido al PSOE andaluz. El domingo Juan Espadas, alcalde de Sevilla y secretario general de la principal federación socialista, y Puig reforzaron la «posición común» del PSOE en Andalucía y Valencia para negociar un modelo de financiación autonómica «más equitativa y con una adecuada distribución de recursos». Espadas recordó que Andalucía ya tiene una posición común del Parlamento autonómico: impulsada por el PSOE, obtuvo el apoyo de la mayoría de los grupos en la cámara autonómica en marzo de 2018. La ministra de Hacienda fue la actual ministra, María Jesús Montero.
En otro movimiento estratégico, el presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), anunció que mantendrá reuniones con los presidentes de Andalucía y de la Comunidad Valenciana para presentar una solicitud conjunta al Gobierno del futuro modelo de financiación autonómica. López Miras dijo que espera contar con el apoyo de los presidentes de las comunidades vecinas para cambiar un sistema que «daña gravemente» y trata a los habitantes de su región como ciudadanos de «segunda clase». La Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía son las comunidades peor financiadas según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Por otro lado, Cantabria, con una tasa de financiación por habitante 24,8 puntos superior a la valenciana.
Fernández Mañueco (PP) también ha sondeado posibles apoyos en los últimos meses. El presidente de Castilla y León estableció, junto con el presidente de Aragón, Javier Lambán y García-Page, la liga de comunidades autónomas que defendió sus intereses con la máxima determinación. Los dos barones del PSOE y el del PP han celebrado hasta el momento tres reuniones en las legislaturas en Soria, Talavera de la Reina (Toledo) y Albarracín (Teruel) con el fin de tener en cuenta la singularidad de sus territorios, con un carácter muy población envejecida y dispersa.a las grandes concentraciones urbanas de los municipios más poblados. Entre las tres autonomías representan el 43% del territorio, pero solo el 12% de la población española de 5,7 millones de habitantes.
“Hemos hecho de la despoblación un tema clave en la agenda de España. Y, por tanto, hay que traspasarlo a financiación autonómica ”, afirman fuentes de la Junta de Castilla y León. “Hay que velar por que se presten servicios de calidad en el territorio y por eso es importante que se tenga en cuenta como criterio la extensión territorial y el coste real del servicio”, añaden desde el ejecutivo de Castilla-La Mancha. Por ejemplo, ponen que la ciudad madrileña de Fuenlabrada y la provincia de Cuenca tienen una población de 200.000. Pero el coste se dispara en el caso de una provincia con más del doble de superficie del País Vasco.
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