marzo 28, 2024

Carles Puigdemont: preservando la negociación | Opinión

Carles Puigdemont: preservando la negociación |  Opinión
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés y el expresidente Carles Puigdemont, este sábado en Alguero.LAURA SERRANO-CONDE / EFE

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La primera condición para la normalidad política a la que aspiran los gobiernos español y catalán es identificar las áreas de influencia efectiva en las que operan, los márgenes de los que disponen y el marco legal en el que se insertan las ambiciones de ambos: su estabilidad depende de ese. Ninguno de los dos Directivos puede interferir en el curso de las acciones legales, aunque afecten de una forma u otra el avance del proceso de normalización institucional. La separación de poderes es un claro pilar del estado de derecho y no hay lugar para más discusiones.

El contexto actual, sin embargo, se parece poco al del 1 de octubre de 2017 y, si bien la justicia es, en principio, ajena a estos cambios en el clima político, la realidad social y cotidiana, es un ingrediente adicional del entorno en el que la justicia ordena su comportamiento. muestra. Las decisiones tomadas en su momento, hace cuatro años y bajo el mandato de Mariano Rajoy, el Fiscal General José Manuel Maza o el juez Pablo Llarena, desataron una secuencia judicial con vida propia y sus efectos siguen siendo parte invariable del escenario del proceso político. . La estela de noticias, movimientos y reacciones a las decisiones judiciales formará parte de la dieta informativa que adoptará la empresa española en los próximos meses. Además de los hechos del pasado, como el juicio a los dirigentes independientes en el Tribunal Supremo, las penas de prisión, los indultos o las responsabilidades contables solicitadas por el Tribunal de Cuentas por cargos y ex funcionarios de la Generalitat, ahora hay Añadió incertidumbre sobre la situación de Puigdemont ante la justicia italiana.

El mayor riesgo político es que cualquiera de estos factores pueda sobrecargar u obstaculizar la maduración de las soluciones políticas buscadas por los dos gobiernos en torno a la mesa de diálogo. Pero ni en manos de Sánchez ni en las de Aragonès está, por supuesto, intervenir en el proceso judicial. Este mismo principio evidente debería extinguir cualquier tentación alarmista o escandalosa frente al rumbo que ha tomado la situación procesal de Puigdemont. El desarrollo judicial del asunto es de enorme complejidad técnica y no es de extrañar que la defensa de Puigdemont busque todas las vías posibles para mejorar su situación. Pero ni siquiera que los tribunales hagan su trabajo y busquen la fórmula más adecuada para someterlo al juicio del que ha huido. El caso tiene un impacto muy directo en una parte de la población catalana cuya movilización en la calle muestra un apoyo (decreciente) a ex presidente, manteniendo vivo el improbable sueño de la independencia inmediata. Mientras tanto, ambos gobiernos tienen un instrumento de negociación que antes no existía, la mesa de diálogo que Puigdemont nunca quiso ver, ni siquiera en la pintura.