noviembre 29, 2021

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Chile: hasta que la dignidad se convierta en Constitución | Red de expertos | Planeta futuro

Chile: hasta que la dignidad se convierta en Constitución |  Red de expertos |  Planeta futuro

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Dignidad fue la palabra elegida por los movimientos sociales en Chile en 2019 y 2020 para expresar su deseo por una sociedad mejor. Una más democrática y equitativa, donde el valor intrínseco y fundamental de cada uno de sus integrantes sea equivalente y no dependa de privilegios heredados ni de la situación que cada uno sea capaz de asegurar en el mercado. De fondo, parecían evocar la necesidad de promover desmercificación a lo que apeló Polanyi (1944), para obtener una verdadera ciudadanía social de Marshall (1950), para garantizar tanto los derechos civiles, políticos y sociales, y así gozar de una libertad positiva efectiva, como afirma Berlín (1958).

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Si bien surgieron una diversidad de demandas ciudadanas, estas terminaron cristalizando en una principal: reescribir la constitución política de Chile, con el fin de fortalecer la participación democrática, los derechos sociales, el reconocimiento de los pueblos originarios y promover un uso más productivo, equitativo y natural sostenible. recursos, entre otros aspectos.

Esta necesidad se debe a que, desde 1980, la convivencia entre los chilenos se regía por una constitución política que no solo tuvo el pecado original de haber sido impuesta por una dictadura, sino también de establecer una serie de leyes. tornillos para asegurar una «democracia protegida» y un papel moderado del estado (subsidiaria). De hecho, la Constitución reservaba una serie de aspectos de la vida en común para las leyes orgánicas constitucionales que, a diferencia de las ordinarias, requerían de altos quórumes de votos para su modificación. Dichos quórumes fueron particularmente difíciles de lograr debido a la composición desequilibrada del congreso nacional, que se derivó de un sistema electoral binomial destinado a limitar la participación democrática de varios grupos minoritarios y sobrestimar la representación de las fuerzas conservadoras en las decisiones legislativas del país. Por si fuera poco, contempló un tribunal constitucional que, en múltiples ocasiones, ejerció el poder de veto sobre la legislación aprobada por el Congreso.

En octubre de 2020, un plebiscito aprobó la reforma de la Constitución con el 78% de los votos a través de una asamblea. Este fue elegido hace apenas un mes, resultando en una contundente victoria de los sectores progresistas e independientes sobre los más conservadores.

Uno de los aspectos que más atención y debate ha recibido durante la explosión social es la educación. Esto no es de extrañar, ya que no solo los estudiantes de secundaria y universitarios han sido los principales actores movilizadores en este brote (y otros desde 2006), sino que el sistema educativo actual, a pesar de las múltiples reformas que ha sufrido, encarna y aún refleja las profundas desigualdades. en la sociedad chilena.

Hoy, con 20 profesores elegidos dentro de la convención constituyente, de un total de 155, sin duda la educación tendrá especial relevancia en el debate constitucional.

¿Cuáles deberían ser los principales cambios en este sector? Para responder a esta pregunta, entre SUMMA y la Iniciativa Global de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, realizamos un estudio legislativo comparado, analizando más de 20 constituciones en el mundo y el derecho internacional relevante. Desde este punto de vista, la investigación revela diez temas críticos que deberían ser abordados por la nueva constitución. Entre las principales reformas necesarias se encuentran:

El interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes debe estar por encima de los intereses de los propietarios de la escuela.

1. Garantizar el derecho a la educación: la educación debe convertirse en un derecho justificable, como es el caso, por ejemplo, de Canadá, Finlandia y Japón. Hoy en día no es posible recurrir a los tribunales en caso de violación de este derecho, que la Constitución prevé para el caso de la libertad de educación, generando un desequilibrio. A su vez, como lo establece el marco internacional, el derecho a la educación debe garantizar la oferta gratuita y también su acceso sin discriminación, su calidad y su relevancia para el territorio y la población a la que atiende. Estas consideraciones están ausentes en la constitución actual.

Según su enfoque, el derecho a la educación debe entenderse como un derecho de por vida, cuyo objetivo no es solo el desarrollo pleno de la persona, sino también una sociedad democrática, inclusiva y justa. Finalmente, este derecho requiere el reconocimiento de que cada alumno debe ser apoyado de acuerdo a sus necesidades, para asegurar el fin de las brechas educativas actuales incompatibles con la verdadera igualdad de oportunidades. Por lo tanto, todos deben ser incluidos sin excepción, como se indica en el último informe de UNESCO y SUMMA sobre el monitoreo del derecho a la educación en América Latina.

2. Consolidar el rol del Estado: desde 1980 Chile es uno de los países más privatizados del mundo en materia de educación escolar y universitaria. El debilitamiento constitucional del rol estatal y su limitación a uno subsidiario explica en parte los altos niveles de desigualdad y segregación en el sistema educativo. Para revertir esta situación, de acuerdo con las diversas constituciones del mundo (alemana, francesa, finlandesa), el Estado debe ser reconocido como garante y preferencial de la educación pública, como lo hicieron las anteriores constituciones de Chile (1833 y 1925). Garantizar una educación pública justa, inclusiva y de calidad debe ser la máxima prioridad del Estado chileno en esta área.

3. Redefinir la libertad de educación, sometiéndola al derecho a la educación: El interés superior de las niñas, niños y adolescentes debe estar por encima de los intereses de los dueños de las escuelas. La libertad de educación debe subordinarse al derecho a la educación, contrario a lo que ocurre hoy en la constitución chilena. Se debe reconocer la libertad de enseñanza para enriquecer las propuestas educativas. Sin embargo, esto debe estar al servicio de un sistema educativo más innovador, que exprese mejor la diversidad de la sociedad y sus territorios, y no debe ejercerse para excluir, segregar y crear guetos socioculturales.

El debate constitucional acaba de comenzar, esperamos que los votantes y la sociedad chilena aprovechen esta oportunidad histórica. Es fundamental poder canalizar el descontento social a nivel institucional. Sabemos que la constitución no resolverá mágicamente todos los problemas, pero es un paso fundamental en el camino hacia la construcción de una sociedad más democrática, cohesionada y justa.

Javier González Es director del Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, SUMMA, y profesor afiliado de la Universidad de Cambridge; sí Rafael Carrasco es subdirector de SUMMA.

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