julio 21, 2024

el Gobierno apeló ante la Justicia de Estados Unidos el fallo que lo obliga a pagar US$ 16.000 millones

El Gobierno apeló este martes el fallo de la Justicia de Estados Unidos que lo obligaba a pagarle 16.000 millones de dólares al fondo Burford por la expropiación de las acciones de YPF que pertenecían a la petrolera Repsol y al grupo Eskenazi, realizada en 2012 durante el segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner.

La presentación había sido adelantada el pasado 8 de septiembre por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, durante la misma jornada en que se conoció la decisión de Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

“El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El presidente @alferdez analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”, escribió Cerruti en “X”.

El texto fue compartido este martes por Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, en esa misma red social. “La República Argentina por la presente apela ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos la sentencia definitiva dictada el 15 de septiembre de 2023, así como todas las órdenes interlocutorias y fallos anteriores a esa sentencia”, decía el documento.

Sabiendo que el juicio ya estaba perdido, Argentina pretendía pagar no más de 5.000 millones de dólares. La diferencia entre la cifra de la sentencia y la pretensión argentina se centraba en calcular intereses según la fecha de la irrupción de los funcionarios de nuestro país en YPF y la fecha en que la expropiación fue aprobada por ley del Congreso.

Argentina quería que la jueza Preska indicara que la expropiación había sido el 7 de mayo de 2012, cuando salió la ley correspondiente. De esa manera, la compensación sería desde ese día.

En paralelo, el país buscaba que la tasa de interés anual retroactiva que le iban a aplicar (desde 2012, cuando se expropió, a 2023) fuera del 0%. Eso daría cerca de US$ 5.000 millones.

Los demandantes alegaban que Argentina, al expropiar las acciones de Repsol en YPF, debería haber hecho una oferta pública por todas las acciones de la empresa.

En los últimos días, el Gobierno solicitó una conferencia con la jueza de Nueva York, Loretta Preska, para evitar el pago de un depósito de garantía y apelar el fallo. El reclamo fue presentado faltando pocos días para el posible inicio de los embargos previsto para el 16 de octubre, tal como lo solicitó Burford Capital.

En un escrito de tres páginas, la defensa a cargo del estudio Sullivan & Cromwell pidió acceder a una instancia para «suspender la ejecución de la sentencia sin fianza pendiente de apelación» y argumentó que debido al tamaño «sin precedentes» de la sentencia, el tribunal pondría en marcha embargos que serán «difíciles o imposibles» de deshacer si Argentina prevale en la apelación.

El fondo Burford, que compró los derechos del juicio a los accionistas minoritarios Grupo Petersen y Eton Park, y que consideraba la intervención de YPF se materializó el 16 de abril, cuando el ministro de Economía de ese momento, Axel Kicillof, fue nombrado interventor de la empresa y desplazó a los accionistas privados, le pidió hace pocas semanas a Preska que inicie el embargo 30 días después del fallo definitivo del 15 de septiembre pasado.

Para evitar la retención de bienes en el exterior, Argentina debería pagar un bono por el total de la indemnización hasta que se defina la apelación.

El Gobierno tenía dos alternativas para efectuar la garantía: depositar activos por el equivalente a los US$ 16.100 millones o que las compañías emisoras de bonos de garantía emitan títulos por ese monto y que la Argentina los compre. Pero la defensa reiteró que el Estado no está en condiciones de pagar semejante fianza y pidió que la eximan de afrontar ese costo.

Uno de los argumentos oficiales fue que si la fianza se aproxima al monto de la sentencia representa el 20% del presupuesto anual de la Argentina. El otro es que «los límites de suscripción combinados de las 212 compañías de fianzas autorizadas en Nueva York es de aproximadamente 30.400 millones de dólares», por lo que el fallo es más de la mitad del límite total del mercado.