El 29 de julio, la Fiscalía del Estado solicitó al juez Santiago Pedraz la realización de tres nuevos trámites en el marco de la investigación de la última pieza de la b-box del PP abierta tras la comparecencia del llamado Documentos de Bárcenas, publicado por EL PAÍS en enero de 2013: el relativo a las donaciones de emprendedores al tema a cambio, presuntamente, por la adjudicación de contratos públicos. Entre dichos trámites, el Despacho de Abogados propuso recoger la relación de visitas que los entonces titulares de la cartera, Rafael Arias Salgado y Francisco Álvarez Cascos, recibieron en la sede del Ministerio de Fomento entre 1996 y 2004, como parte de la investigación de las presuntas irregularidades en 23 contratos otorgados durante el segundo mandato de José María Aznar (2000-2004) a la Constructora Hispánica, cuyo expresidente admitió haber realizado entregas de dinero a las opacas cuentas de los populares. El magistrado rechazó la práctica de estos procesos al considerar que el plazo de la investigación judicial ya había concluido por estos hechos luego de que el 22 de julio se cerrara el caso. El juez aún tiene que decidir si procesa a los imputados o si, por el contrario, archiva el sumario.
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La Fiscalía del Estado, que en el caso defiende los intereses de Hacienda, justifica su solicitud en el contenido de los dos últimos informes que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía del Estado entregó al juez Pedraz. En uno de ellos, de 20 de julio, los agentes documentan decenas de irregularidades que han provocado millonarios sobrecostos en la mayoría de los 23 contratos sospechosos. En este informe, la Policía señaló que 11 fueron asignados por tres dependencias dependientes de Fomento -ADIF, AENA y la Dirección General de Carreteras- en la etapa en la que Álvarez-Cascos ostentaba la cartera. En la nota, a la que tuvo acceso EL PAÍS, la Abogacía se refiere también a la última declaración ante el juez Pedraz, el 16 de julio, del ex tesorero Luis Bárcenas, en la que señaló a varios ministros de Obras Públicas y, en particular, a Álvarez. Cascos, como presuntos expertos del sistema de financiación irregular del PP a través de donaciones de empresarios que posteriormente se adjudicaron contratos.
En ese comunicado, Bárcenas describió un incidente en el que Cascos telefoneó a Álvaro Lapuerta, su antecesor en Hacienda y también designado como gerente de la casilla b, para reprocharle haber llamado a su gerente general de Carreteras para discutir uno de los premios que se suponía que debían. inventar. También según la versión de Bárcenas, solían llamar a los directores generales y secretarios de Estado para hacerlo, pero el ministro de Fomento se enfadó y le indicó a su interlocutor que todos estos trámites tenían que pasar por él. Durante el reciente juicio por el presunto pago negro de las obras en la sede del PP en vía Genova, ya había señalado Bárcenas en Cascos, quien ocupó el cargo de secretario general del partido entre 1989 y 1999, quien ordenó la sistematización del sistema de donación irregular. Cuando Cascos compareció como testigo en la audiencia días después, lo negó.
En su memoria, el letrado indica que por todo ello es «necesario» iniciar nuevos trámites. En concreto, solicitó el «registro de accesos o visitas a los despachos públicos donde tienen su sede el Ministerio de Fomento, la Secretaría de Estado de Infraestructuras, la Dirección General de Carreteras y la Dirección General / Dirección de las distintas empresas». u organismos públicos «relacionados con contratos sospechosos, así como la sede de Constructora Hispánica» durante el período de tiempo señalado por Luis Bárcenas en su comunicado, es decir, de 1996-2004 «. También requirió» la agenda oficial del Ministerio de Fomento «. , El Secretario de Estado de Infraestructuras, el Director General de Carreteras, y los presidentes, gerentes o directores generales de las distintas empresas u organismos públicos cuyos expedientes hayan sido analizados y durante el plazo indicado en el apartado anterior, así como Alfonso García Pozuelo » , entonces presidente de la constructora.
García Pozuelo realizó al menos nueve entregas por un total de 258.000 € a la contabilidad extraoficial del partido que Bárcenas tenía en la mano y que se reflejaba en la Documentos de Bárcenas. Durante el proceso de la historia principal de la Caso Gürtel, bautizada Época I, el constructor ya ha confesado haber pagado al jefe de la red de corrupción, Francisco Correa, para entregarlo a los «órganos centrales» de la administración gobernada por el PP a cambio de obras en Castilla y León y en el municipio de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Finalmente, los abogados piden que se consulte a la Agencia Tributaria sobre las prácticas que atiende para las «operaciones de manejo de efectivo» que realizan tanto García Pozuelo como la empresa que preside.
La respuesta del juez Pedraz a la solicitud del abogado se produjo cuatro días después. Con una orden de sólo dos líneas y media, el 2 de agosto el magistrado se negó a dar curso al proceso, por considerar que cuando se solicitó el caso ya se había concluido. La decisión del juez fue respondida por una de las imputaciones del caso, que en un recurso de apelación presentado el 3 de septiembre, se adhiere a la solicitud de los abogados y solicita la práctica del nuevo procedimiento.
Los altibajos de la causa
Las investigaciones de los diarios de bárcenas han experimentado multitud de altibajos desde su apertura en marzo de 2013 como línea de investigación dentro del Caso Gürtel. El magistrado Pablo Ruz, entonces titular del Juzgado Central 5 del Tribunal Nacional, asumió el cargo tras recibir un informe de la UDEF que vinculaba la contabilidad secreta del ex tesorero del pueblo con la trama que lideraba Correa, que estaba cerca del PP desde 2009 y ya ha liderado a la condena del partido por lucrarse con la red de corrupción. La investigación dio su primer salto el 15 de julio de 2013, cuando Bárcenas confesó por primera vez ante el juez. Luego reconoció la caja y aseguró que parte de la reforma de la sede de Génova 13 se había pagado con dinero negro, pero en general se negó a que las donaciones de los empresarios estuvieran destinadas a encomendar obras puntuales, salvo un proyecto.
En 2015, dadas las dificultades para vincular donaciones con premios específicos, información fundamental para las denuncias de corrupción, el juez Ruz cerró la investigación por primera vez con una doble orden. Por un lado, descartó la línea de preguntas sobre las donaciones de empresarios, aunque consideró ciertas estas entregas de dinero. Y, por otro lado, envió a juicio la parte de la investigación relativa a la reforma con dinero negro de la sede en vía Genova, juzgada este año y pendiente de juicio. La educación para empresarios permaneció cerrada durante dos años hasta que en 2017, tras la aparición de «nuevos elementos», el juez José de la Mata, entonces titular del juzgado, decidió reabrirla. Desde entonces, se han incluido nuevos elementos en el caso, entre ellos una carta que envió Bárcenas, en 2021, a la Fiscalía Anticorrupción en la que admitía por primera vez el «carácter finalista» de las donaciones en efectivo que hicieron los empresarios. a la casilla b del PP: es decir, se trataba de una «contraprestación como porcentaje de la adjudicación de una obra o un servicio público».
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