diciembre 3, 2021

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Gibraltar vota para poner fin a la restrictiva ley de aborto que la sancionó con cadena perpetua | Sociedad

Gibraltar vota para poner fin a la restrictiva ley de aborto que la sancionó con cadena perpetua |  Sociedad
Una familia espera poder votar en el referéndum para despenalizar el aborto en Gibraltar este jueves.
Una familia espera poder votar en el referéndum para despenalizar el aborto en Gibraltar este jueves.JORGE GUERRERO / AFP

«Regresé de Sevilla a Gibraltar dormitando, con dolor y respondiendo a la voz preocupada de mi madre preguntándome si estaba bien». Testimonios anónimos como este de mujeres que tienen que salir de El Peñón para abortar – recogidos y difundidos por la iniciativa a favor de la prestación ¡Gibraltar por sí!– Han pasado a la historia desde la madrugada de este viernes. El 62% de los gibraltareños votó en un referéndum celebrado este jueves a favor de la abolición de la dura cadena perpetua impuesta a las mujeres que abortan.

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En la práctica, el resultado, conocido a la 1 de la madrugada de este viernes, dará lugar a la entrada en vigor de una enmienda a la Ley Penal de Gibraltar – Ley de Delitos – vigente desde abril de 2019. La decisión de someter la enmienda a la consulta popular, acordó por el Parlamento de Gibraltar, primero, y la pandemia, luego, alargó el proceso hasta agotar a todas las partes involucradas en la campaña. A partir de ahora entra en vigor una ley de caducidad que permitirá el aborto hasta las 12 semanas de gestación (en España es hasta las 14 y 22 semanas por patologías fetales o problemas de salud, físicos y mentales, de la madre). El cambio dista mucho de las interrupciones de hasta 24 semanas que se permiten en Reino Unido, país del que Gibraltar tiene independencia legislativa, aunque depende de él como territorio de ultramar. 23.342 personas fueron convocadas a las urnas, incluidos los mayores de 16 años, pero obtuvo una participación de apenas 52,75%, una cifra relativamente baja para un territorio acostumbrado a implicaciones de más del 70%, como en las últimas elecciones políticas del 2019.

La legislación, pendiente de consulta popular desde hace más de dos años, sigue un modelo de hipótesis: la interrupción será posible en cuatro casos: sin tener que justificarla, si antes de las 12 semanas; si evita daños graves «a la salud física o mental de la embarazada»; Si avanzar pone en riesgo la vida de la embarazada o en casos de peligro de muerte del feto. Las tres últimas condiciones no tienen límite de tiempo – siempre bajo supervisión médica – y se contempla la objeción de conciencia por parte de los médicos, pero se limita al deber de salvar vidas.

Contra la reforma del aborto en Gibralar, este jueves en uno de los colegios electorales.
Contra la reforma del aborto en Gibralar, este jueves en uno de los colegios electorales. JORGE GUERRERO / AFP

Es precisamente la posibilidad de interrupción del embarazo más allá de las 12 semanas en estos casos limitados, específicos y supervisados ​​lo que, sin embargo, ha polarizado más a la sociedad de Gibraltar. La Iglesia Católica, el Gibraltar Life Movement y la iniciativa Salva a los niños, vota no fueron las voces más beligerantes contra la enmienda legislativa. En su campaña, se mostraron a favor de votar no e incluso mantener la antigua legislación, a pesar de ser una de las más restrictivas del mundo, lo que colocaba a Gibraltar en un nivel de prohibición similar al de la Ciudad del Vaticano. Anoche, tras conocer los resultados, Karenza Morillo, portavoz de esta última iniciativa, apenas pudo ocultar su «decepción» por lo que considera «una ley extrema», según evaluó poco después del escrutinio del diario local. Crónica de Gibraltar.

En el lado opuesto, se han posicionado el mismo primer ministro, Fabián Picardo (líder del Partido Socialista Laborista de Gibraltar, GSLP), sus socios de gobierno del Partido Liberal o la formación de izquierda Together Gibraltar. Picardo se felicitó por «el excelente resultado para las mujeres» en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. «Trabajaremos para introducir los nuevos servicios que necesitaremos para garantizar abortos y consejería legal y segura», agregó el político.

Tampoco escondieron su alegría en ¡Gibraltar por sí!, la iniciativa popular a favor de la despenalización del aborto. Los gritos de «no más vergüenza» estallaron esta mañana mientras se leían los resultados de la votación. Este fue uno de los lemas del movimiento, decidido durante la campaña a manifestarse el estigma que ha tenido Gibraltar durante décadas tener que salir de El Peñón para abortar y la larga sombra del silencio que ha surgido entre las mujeres que han optado por recurrir a este derecho.

¡Gibraltar por sí! Compartió en sus redes sociales en este momento testimonios de mujeres anónimas, como el de una niña que, cuando decidió interrumpir el embarazo, era una drogadicta de 25 años, como su pareja; que tuvo que ir a Sevilla en busca de una clínica de abortos pagada. Sin embargo, la iniciativa y el propio Picardo no los tenían a todos con ellos y en los últimos días de campaña habían logrado contener la respiración ante un posible rechazo a la reforma a la ley. Esto habría complicado la situación jurídica en El Peñón, ya que el cambio se inició después de que el Tribunal Supremo del Reino Unido, al que también está sujeto Gibraltar, dictaminara en 2018 que la legalidad de la ley de aborto en Irlanda del Norte era desproporcionada e incompatible con el artículo 8 de la Ley Europea. Convención de Derechos Humanos, que también sucedió con la anterior regla del Peñón.

La abolición de la cadena perpetua para mujeres que abortan se suma a una lista de reformas sociales que el partido de Picardo ha iniciado desde que llegó al poder en 2011. A pesar de la imagen de modernidad que transmite la ciudad de 33.701 habitantes, Gibraltar mostró una visión mucho más conservadora en los temas. como la posibilidad de uniones de hecho independientemente del sexo de los cónyuges, aprobada en 2014. Dos años después, El Peñón dio un paso adelante y aprobó los matrimonios au pair, en ese caso, mediante una reforma aprobada en el Parlamento sin referéndum, pero abierto al diluvio de 3.490 consultas que ha recibido.