Hacienda asigna tareas a ERC para salvar al mínimo el decreto interino | España

Hacienda asigna tareas a ERC para salvar al mínimo el decreto interino |  España

El gobierno saludó al Congreso este miércoles, en el último debate de esta sesión antes de las vacaciones de verano, con una sonora alarma y no realmente de la oposición de derecha. Tras un largo debate, lleno de incertidumbres en la votación, el ejecutivo de coalición del PSOE y Unidos Podemos constatar la fragilidad de sus alianzas con los demás socios del Parlamento intentando ahorrar al mínimo la validación de un decreto ley para reducir la temporalidad y el número de pasantes en la administración hasta el 8%. ERC volvió a ser clave y varió su rechazo a la norma en las últimas cinco horas de presiones y negociaciones de última hora con el Ministerio de Hacienda, imponiendo dos condiciones: una excepción para los pasantes que llevan 10 años en el cargo y que el Las pruebas en carreras futuras no son preliminares.

Cuando terminó el debate sobre el decreto para reducir los puestos temporales en la Administración y estabilizar este contingente de empleo público, casi a las 14.30 horas y con las intervenciones de todos los colectivos, ni el Grupo Socialista ni el Ministerio de Hacienda aún tenían claro si tendría éxito. «Eso es muy cierto», admitieron. E incluso se ha contemplado la posibilidad de superar los votos negativos por un solo escaño con la alianza de United We Can Members y el ERC.

El Tesoro finalmente encontró la solución al más que posible fracaso político en sus socios habituales de ERC. En el debate se confirmó que el decreto, tal como está ahora y antes de su redacción como proyecto de ley para recibir mejoras y adiciones hasta su aprobación final en octubre próximo, ni siquiera gusta Unidos Nosotros, el aliado en el gobierno de coalición. Ni el PNV, EH Bildu, PDeCAT ni el BNG lo aprobaron este miércoles. Evidentemente no PP, Vox, Ciudadanos, Foro Asturias, Coalición Canaria, Junts o CUP.

La mayoría de los grupos que normalmente apoyan al ejecutivo han expresado duras críticas al decreto. Lo culparon por su falta de prenegociación y, lo más importante, que podría significar un ERE o «Icetazo» para muchos de los pasantes actuales (que estiman entre 300.000 y 800.000 personas) y por qué no valora su antigüedad en la posición en ese momento competir con nuevos candidatos en una competencia. ¿Qué dices? Icetazo, que han utilizado algunas formaciones nacionalistas catalanas, aludía Miquel Iceta, el titular del Ministerio que hizo el pacto con los sindicatos de la función pública para llegar a esta solución y que ahora, tras la reciente remodelación, ha dejado ese cargo, contratado por el titular de Hacienda, María Jesús Montero.

La ministra de Hacienda tenía la tarea de defender el decreto en el Congreso de este miércoles y el que avanzaba donde se había logrado un apoyo mínimo para que prosperase. Consciente de los rechazos que ha provocado el proyecto, Montero habló del anterior convenio sindical para solucionar un problema casi crónico de la Administración, agravado en los últimos dos años por la decisión de frenar al máximo las tasas de reposición laboral tras la pandemia de coronavirus. . Al final, Hacienda cedió a algunas peticiones de ERC, en concreto dos: que los exámenes para las próximas oposiciones no sean eliminatorios y que los pasantes en ejercicio de más de 10 años puedan acceder a ellos de forma permanente sin examen de oposición si las plazas son no cubierto en las respectivas ofertas.

El Gobierno abordó así este miércoles en el pleno extraordinario del Congreso uno de los debates más duros de los últimos meses debido a una disposición que previamente había sido negociada por el Ministerio de Administraciones Públicas con algunos sindicatos, como CCOO y CSIF, y que tiene como objetivo Terminar bien parte del trabajo temporal en la administración pública. Desde el primer momento, los dirigentes socialistas encargados de negociar el decreto interino con los grupos parlamentarios entendieron que llegar a consensos era casi imposible por las posiciones de partida expresadas por quienes fueron los principales aliados durante la legislatura para sacar adelante la votación. La negociación llegó in extremis hasta el mismo Pleno, este miércoles, donde se intentó introducir algunas mejoras propuestas por otras formaciones.

El Real Decreto de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, negociado y redactado por el anterior Ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, modifica a su vez la Ley del Estatuto Básico de los Empleados Públicos. El decreto fija el objetivo de reducir la tasa de temporalidad en la Administración al 8% de los puestos estructurales (ahora se acerca al 28%). Es una de las promesas que el gobierno de Pedro Sánchez incorporó al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que envió a Bruselas.

La reforma persigue el objetivo de «completar los procesos de estabilización del trabajo temporal» ya previstos en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018. Esta estabilización se lograría mediante la convocatoria de diversos procesos de selección de personal para cubrir hasta 300.000 puestos estructurales, actualmente ocupados por trabajadores temporales, a 31 de diciembre de 2022. El concurso de oposición fue la fórmula elegida para realizar la selección, atribuyendo el 40% de los puntos a la fase de concurso, en la que se habría tenido en cuenta la experiencia en dicho puesto.

En el caso de que un becario con más de tres años de antigüedad en el cargo no supere este concurso, el decreto estableció que se le pagaría una asignación de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 meses y que podría entrar en las subvenciones para nuevos trabajos temporales. La norma también incluye una excepción especial adicional para evitar que los aprendices que hayan estado en un puesto temporal durante 10 años y sus puestos no hayan sido convocados en este proceso no tengan que presentar oposición alguna.

El debate también discutió y aprobó la validación de otros dos decretos polémicos: uno para aprobar la reducción del IVA en la factura de la luz del 21% al 10% y el otro para permitir flexibilidad en el uso de la máscara tras el covid-19 y que no es obligatorio en el extranjero y con una cierta distancia de seguridad.

Por Agustín Oquendo

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