diciembre 4, 2021

Top Citio Noticias

Panorama latinoamericano

La comunidad jurídica se pregunta si ahora es necesario declarar el estado de excepción en La Palma | España

La comunidad jurídica se pregunta si ahora es necesario declarar el estado de excepción en La Palma |  España
Delta formado por la lava que sale al mar el pasado miércoles en la costa de Tazacorte, en La Palma.
Delta formado por la lava que sale al mar el pasado miércoles en la costa de Tazacorte, en La Palma.Samuel Sánchez

La erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma ha reabierto el debate sobre la utilidad o no de la legislación de emergencia, y en particular sobre la sentencia que el Tribunal Constitucional dictó el pasado mes de julio sobre el estado de alarma. En esa sentencia, el tribunal determinó, por seis votos contra cinco, que el decreto aprobado por el Gobierno no era la respuesta correcta a la pandemia, porque implicaba la adopción de medidas como el confinamiento de la población, y con ello la represión. del ejercicio de derechos fundamentales, como la libre circulación. Para la ley constitucional, lo que era debido y necesario hubiera sido pedir al Congreso que declarara un estado de excepción, autorizando la suspensión de estos derechos.

En La Palma se ha ordenado el confinamiento de barrios enteros, esta vez ante una emergencia de otra índole -la lava y los gases que produce y emite un volcán- y que también podría afectar a la salud y seguridad de los ciudadanos, alegando el medidas urgentes y cuidados extremos, especialmente según su evolución. El efecto que esto tuvo en la comunidad jurídica fue repensar si la última sentencia de la Corte Constitucional a favor del estado de emergencia, junto con la experiencia de la lucha contra la pandemia, brindó las herramientas legales adecuadas para actuar ante desastres naturales o emergencias de cualquier tipo. Y el criterio más extendido es que la sentencia Constitucional no solo no cerró el debate, sino que también destacó las falencias en las respuestas que dio la Corte con su resolución, así como los vacíos que sigue teniendo la legislación en situaciones críticas.

Juan María Bilbao, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, afirma que «según la doctrina de la sentencia de julio pasado, se podría deducir que estamos ante una suspensión de un derecho fundamental, que sólo puede ser colocado bajo el paraguas del estado de excepción «. Bilbao, sin embargo, cree que «la alternativa más adecuada» a La Palma es el estado de alarma, aunque signifique colocar confinamiento. Y recuerda que en los primeros momentos de la pandemia fueron las autoridades canarias las que acordaron aislar a mil personas en un hotel de Adeje.

Para el magistrado Ignacio González Vega, el fallo constitucional ha complicado las cosas. Según la doctrina de este Tribunal – leemos – «estos confinamientos domiciliarios deben pactarse declarando un estado de excepción». Y esto se debe a que “en el estado de alarma solo es posible limitar los derechos, ya que no es posible su suspensión, lo cual es característico de los estados de excepción y de sitio”. Y agrega que sorprende que, dada la necesidad de cumplir con las sentencias constitucionales, «no se haya alzado ninguna voz crítica para reclamar un estatus tan excepcional».

Las interrogantes que surgieron tras esta sentencia llevaron a Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, ​​a plantearse estas preguntas sobre La Palma: «¿Las autoridades que impusieron el encierro prevaricaron? ¿Deberían haber esperado a que el Congreso lo aprobara? el estado de emergencia? » Y se responde que «han cumplido con su deber» de proteger la salud de los ciudadanos. Pero destaca que la pandemia y la erupción del volcán hacen necesario «actualizar la legislación de emergencia», luego de que la Corte Constitucional «endureciera el marco».

Javier López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, considera que esta sentencia «ha sido profundamente contraproducente para el esclarecimiento del sistema» y el panorama que queda es el de «tal lío que no hay forma de para saber en qué terreno legal estamos ”. La consecuencia fue“ pura y simplemente, la desactivación del estado de alarma para hacer frente a emergencias generalizadas, como la pandemia ”.

Otro constitucionalista, el catedrático Javier Tajadura, cree que en el caso de La Palma se trata de «un desastre natural localizado» y que el confinamiento pactado es «como el que se produce en caso de incendio». Esto lo lleva a afirmar que la medida adoptada no debe ser considerada «una suspensión, sino una limitación» de los derechos fundamentales.

Para Eloy García, también catedrático de constitucionalismo, en su caso en la Complutense de Madrid, la confusión es tal que «actuamos sin invocar ninguna regla, actuamos de hecho», en un contexto de «deslealtad a la Constitución». Un mal que surge de la «falta de consenso político». En este sentido, está convencido de que, si bien el Gobierno puede declarar el estado de alarma en el territorio en cuestión, porque tiene las facultades para hacerlo, «no lo hará». El motivo de esta decisión sería que «se teme que la oposición primero y el Tribunal Constitucional luego proclamen la insuficiencia constitucional de la disposición».

Al mismo tiempo, Carlos Vidal, cuyo presidente constitucional está en la UNED, cree que La Palma es «un caso claro de declaración de estado de alarma en una parte de un territorio comunitario, en este caso Canarias, y el diputado autoridad competente podría ser el presidente de la comunidad «. Afirma que, incluso teniendo en cuenta la sentencia constitucional sobre el estado de alarma, la situación en La Palma no requeriría pedir a las Cortes que declararan un estado de excepción. Y esto se debe a que “no creo que en este caso se trató de una suspensión, sino de una limitación de derechos, también puntual, por un tiempo limitado y por un territorio muy delimitado, directamente afectado por la erupción”.

Vidal admite, en cualquier caso, que persisten incertidumbres sobre el marco legal. Explica que «la legislación sanitaria no me parece suficiente para regular este tipo de decisiones, ya que afecta a un número bastante considerable de personas y la intensidad y extensión de las medidas es mayor a la que el propio Tribunal de Casación admitió en su jurisprudencia reciente para las situaciones de reclusión nocturna en algunos municipios por la pandemia del coronavirus ”.