julio 20, 2024

La rendición de cuentas de los funcionarios: una propuesta

En una sociedad cansada de los privilegios de la clase política, se impone la necesidad de poner fin a una determinada forma de hacer política y ejercer el poder, donde personas que llegan a ocupar cargos públicos se desentienden de la ejecución de las tareas para las cuales fueron elegidos, aprovechan todos los beneficios que el desempeño del cargo otorga pero no asumen la carga pública que el mismo demanda. No cumplen con la labor encomendada ni tienen consecuencias por ello.

La rendición de cuentas permite que el poder se abra a la inspección pública y se vincula con la obligación de funcionarios y responsables políticos de informar sobre las acciones que llevan a cabo y justificar las mismas, existiendo un tercer aspecto que tiene que ver con la sanción por incumplimientos.

En tal sentido, en la literatura política se afirma que el control de la gestión de los funcionarios y gobernantes se puede realizar de dos formas. La primera, mediante el voto, teniendo en cuenta el sistema representativo que rige en nuestro país. La segunda, a través de los diversos mecanismos constitucionales y legales derivados del diseño institucional del sistema republicano que establece la división de poderes con funciones específicas para cada uno de ellos.

Algunos reconocen una tercera forma de control de la actuación gubernamental a través de la sociedad civil organizada y los medios de comunicación, de allí la necesidad de garantizar permanentemente el pleno ejercicio de la libertad de expresión.

En Argentina hay un déficit en la rendición de cuentas horizontal; esto es, en el control ejercido a través de las vías institucionales. Así lo señalan diversos informes de centros de estudios sobre políticas públicas y universidades argentinas.

En relación con eso, la Constitución Nacional otorga un papel fiscalizador relevante al Congreso Nacional respecto de la Administración Pública, sobretodo a partir de la incorporación de la figura del Jefe de Gabinete y de la Auditoría General de la Nación. Sin embargo, en la práctica, dicho control político resulta absolutamente insuficiente, no generando los resultados deseados.

A fin de poder lograr que los funcionarios públicos cumplan sus funciones, informen sobre su gestión y rindan cuenta de lo actuado, asumiendo las consecuencias respectivas, resulta necesario complementar los controles constitucionalmente previstos.

Una opción podría ser volver a legislar sobre el instituto jurídico que en la época colonial fue conocido como “juicio de residencia”, como medio complementario para garantizar la responsabilidad en la función pública por parte de los funcionarios.

El juicio de residencia tiene por objeto analizar la actuación de los funcionarios políticos durante el desempeño de su función, cualquiera fuere su jerarquía y la función que desarrollen. Si surgen irregularidades en el ejercicio, se procederá a hacer efectiva la responsabilidad penal, civil, o ambas conjuntamente, del residenciado.

Las recientes elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) dejaron en claro que, hoy, la ciudadanía demanda que las funciones de gobierno sean llevadas a cabo por personas honestas e idóneas, que gestionen de la manera más eficiente posible e informen y rindan cuentas de todo lo hecho.

Resulta oportuno, entonces, analizar alternativas legales que complementen el control institucional diseñado en la Constitución Nacional. El juicio de residencia, con las adaptaciones jurídicas y procedimentales necesarias que garanticen su independencia del poder político, puede ser una de ellas.