mayo 13, 2022

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La violencia represiva en Colombia renueva la demanda de reforma policial | Internacional

La violencia represiva en Colombia renueva la demanda de reforma policial |  Internacional
Manifestantes frente al edificio de la Fiscalía, custodiado por la policía, en Bogotá.
Manifestantes frente al edificio de la Fiscalía, custodiado por la policía, en Bogotá.STRINGER / Reuters

Los abusos policiales documentados en videos que inundan los teléfonos celulares todas las noches han vuelto a provocar indignación en Colombia. Con más de veinte muertos en el asfalto en varias ciudades del país tras diez días de movilización contra el gobierno de Iván Duque, ha resurgido el debate pospuesto sobre la reforma policial. Abundan los rumores que apoyan la búsqueda de fórmulas para reconstruir la confianza rota.

Los informes de abusos policiales en Colombia también fueron frecuentes en medio de las medidas penitenciarias para hacer frente a la pandemia del coronavirus, un malestar que se ha acumulado desde la primera ola de manifestaciones contra Duque a fines de 2019. Dilan Cruz durante una protesta pacífica en el centro de Bogotá.

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En la madrugada del 9 de septiembre, el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez bajo custodia policial, torturado por dos policías que lo habían sometido previamente a una implacable descarga de Taser A pesar de sus súplicas, provocó la ira del público. Este crimen, cometido dentro de un Comando de Acción Inmediata (CAI), provocó dos noches caóticas de disturbios en Bogotá, que a su vez desencadenaron nuevos y graves abusos, con un saldo de 13 muertos. La alcaldesa de la capital, Claudia López, pidió públicamente al presidente Duque que liderara un exhaustivo proceso de reforma policial. El gobierno respondió con una defensa cerrada de la fuerza pública y el propio Duque se fotografió con una chaqueta de policía para representar su apoyo.

En esta nueva ronda de movilizaciones, que comenzó el 28 de abril, hay al menos 27 muertos, según la Defensoría del Pueblo. Human Rights Watch, por su parte, ha recibido 36 informes de muertes durante las protestas. Solo en la capital, casi un centenar de heridos quedaron la noche del martes y una multitud intentó prender fuego a un CAI con policías que lograron escapar. Las relaciones crecen cada noche y la crisis de confianza es palpable. En el último estudio del estudio Invamer, en febrero, el 55% de los encuestados tenía una imagen desfavorable de la policía.

Las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas muestran que la intervención «sistemática, arbitraria y violenta» de uniformes en las manifestaciones sigue existiendo y se ha agravado, destaca el think tank Dejusticia. Junto con otras organizaciones, solicitaron al Tribunal Supremo que declare una violación a las disposiciones del Tribunal Superior con sentencia de 22 de septiembre. El tribunal determinó que el Estado reprimió «de manera sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada» las manifestaciones ciudadanas y en esa sentencia ordenó al gobierno, entre otras medidas, no estigmatizar la protesta social.

Los múltiples incidentes de uso excesivo de la fuerza también ocurren en un momento de transición cuando Colombia busca pasar página a la violencia asociada con más de medio siglo de conflicto armado con la extinta guerrilla de las FARC. Las denuncias dieron lugar a la sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves ocurridos durante la guerra.

«La justicia transicional se caracteriza, entre otras cosas, por apoyar la no repetición de las violaciones ocurridas durante el conflicto armado colombiano, en cualquiera de sus manifestaciones», dijo la PEC al ser consultada, con el apoyo de Naciones Unidas y las autoridades. comunidad internacional, «promover una profunda reforma de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano». El tribunal pidió a la sociedad colombiana que se tome en serio el proceso de transición que debe llevarla a «reemplazar y pedir que se sustituya la violencia por otras formas de resolución de conflictos».

El estallido de violencia desató el debate. «En las últimas semanas, hemos recibido informes alarmantes de abusos policiales, incluido el uso indiscriminado y letal de armas, detenciones arbitrarias y golpizas», dijo a EL PAÍS José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. Entre otros, la ONG confirmó que los uniformados utilizaron tanques con múltiples lanzadores de proyectiles dirigidos a los manifestantes, en un comportamiento que no habían visto antes en América Latina.

“En las protestas que tuvieron lugar en 2019 y 2020, la Policía y Esmad ya habían mostrado sus fallas estructurales para controlar las manifestaciones de una manera que respete plenamente los derechos humanos de la población. Dadas las graves violaciones cometidas, la discusión sobre la reforma policial parece urgente ”, dice Vivanco. “Colombia debe tomar medidas urgentes para contar con una policía civil, que esté subordinada al Ministerio del Interior, no al Ministerio de Defensa, y que cuente con la formación adecuada en el uso de armas y controles firmes que ayuden a prevenir los abusos”, detalla.

“Obviamente hay problemas de formación”, dice María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), “pero creo que tiene que ver más con temas de cultura institucional, con mecanismos de control y liderazgo. Civil”. «Estoy en pie de guerra, y este es un terreno muy fértil para teorías locas como la revolución molecular disipada», advierte Llorente, refiriéndose al término que el expresidente Álvaro Uribe, mentor político de Duque, ha difundido en las redes. El expresidente también defendió el derecho de policías y militares a utilizar armas en las protestas, lo que elevó la tensión.

El traslado institucional de la policía o la creación de una fuerza intermedia, al estilo de una guardia civil o gendarmería para brindar mayor seguridad en las zonas rurales, son alternativas que deben ser consideradas, argumenta la FIP en un documento sobre la crisis pública. . Pero el contexto de polarización impide que se produzca una discusión serena y suficientemente calificada tanto dentro como fuera de ella. Entre otras ideas, la FIP propone que la policía esté abierta a la participación y control de la sociedad civil.

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