septiembre 28, 2022

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Organizaciones sociales nicaragüenses suspenden sus operaciones debido a la Ley de Agentes Extranjeros de Ortega | Internacional

Organizaciones sociales nicaragüenses suspenden sus operaciones debido a la Ley de Agentes Extranjeros de Ortega |  Internacional
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pronuncia un discurso en septiembre de 2020.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pronuncia un discurso en septiembre de 2020.Reuters

La Ley de Agentes Extranjeros, una de las cuatro normas aprobadas por el Parlamento de Nicaragua para silenciar la disidencia, ha avanzado sobre las pocas organizaciones de la sociedad civil que han continuado operando en el país luego de los cierres y decomisos ordenados por el gobierno de Daniel Ortega desde 2018, cuando el Estalló una crisis sociopolítica. En menos de 24 horas, dos importantes organizaciones anunciaron el cierre de sus operaciones al rechazar esta legislación que busca imponer controles y restricciones a las organizaciones que promueven el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión y prensa.

El primero en rechazar el ultimátum oficial para «registrarse como agente extranjero» este jueves fue PEN Nicaragua, un grupo de escritores, poetas y periodistas que promueven la libertad de expresión. «Si bien nuestras metas y nuestro trabajo responden a ideales humanitarios y libertarios, somos conscientes de que este vínculo provocaría que el estado nos obligue a registrarnos como agentes extranjeros y cumplir con requisitos mensuales que no corresponden a la realidad de nuestros límites», dijo el la galardonada escritora Gioconda Belli, presidenta de PEN Nicaragua.

La ley sobre agentes extranjeros bloquea la financiación internacional y las donaciones a la sociedad civil, ONG de derechos humanos, periodistas y, lo que es más importante, opositores para limitar sus actividades como organización política. En las últimas semanas, el Ministerio del Interior ha emitido una serie de avisos para el registro como agentes extranjeros bajo pena de sanciones. A su vez, quienes se inscriban deberán informar mes a mes sobre sus operaciones, lo que se ha interpretado como un método de control político y espionaje.

«El pretexto de la protección de la soberanía y la seguridad nacional invocado en esta ley es inadmisible, pues ya está garantizado por otras leyes, en el marco legal nacional», dijo este viernes la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que promueve la libertad de prensa. en Managua., y que también ha suspendido operaciones.

«Se trata de una clara manipulación que tiene como objetivo paralizar el funcionamiento de organizaciones que el gobierno considera contrarias a sus lineamientos, en clara violación de los derechos humanos universales, la libertad de pensamiento y difusión, la democracia y el estado de derecho», agregó. fundada por Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura somocista en 1978.

Ética y Transparencia (EyT), un organismo de observación electoral, también se negó a registrarse como «agente extranjero». Por su parte, Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) han decidido registrarse, pero se han quejado de que cada vez que llegan a la ventana de registro se les piden nuevos requisitos, lo que imposibilita completar el proceso.

“Esta ley es otra herramienta diseñada para perseguir y aplastar a quienes nos resistimos al diseño de prisión y sometimiento al que nos quieren someter con arbitrariedades que van más allá de los límites constitucionales”, criticó Ana Elisa Martínez, directora de la Fundación Violeta.

Aunque en su fase legislativa el reglamento omitió a los ‘Agentes Extranjeros’ como corresponsales de los medios internacionales, en las últimas semanas los periodistas han recibido un aviso de registro a través de los bancos locales.

La ley afecta tanto a las personas físicas como jurídicas. Dar un plazo de cinco días para la inscripción y, si se ignora la convocatoria, «la autoridad competente aplicará las sanciones». “Se puede solicitar la baja de la personalidad jurídica a la instancia respectiva en el caso de personas jurídicas. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales por la realización de actos que atenten contra la seguridad soberana de la nación, determinadas por la autoridad judicial ”, señala el artículo 15 del reglamento.

La denegación del registro también autoriza a «la autoridad competente a impedir el desarrollo de las actividades y, previa autorización judicial, podrán intervenir los fondos y bienes de la persona física o jurídica que se niegue a respetar la ley».

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro y otras 60 organizaciones de la sociedad civil han presentado denuncias de inconstitucionalidad. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, controlada por Ortega. ignoró las quejas. “Al someternos a esta ley de agentes extranjeros, renunciaríamos a nuestra ciudadanía nicaragüense, y nunca lo haremos”, dijo Cristiana Chamorro.

Demolición de edificios confiscados a ONG

Simultáneamente a la aprobación de esta ley, el gobierno de Ortega formalizó las confiscaciones de facto de ONG y redactores de noticias por parte de la Policía en diciembre de 2018, cuando otorgó la posesión de las propiedades al Ministerio de Salud (Minsa). El 29 de enero, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció el derribo de su sede en Managua. Incluso la escritura de Confidencial, el diario que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, ha comenzado a desmantelarse con el pretexto de fundar una «casa matriz».

“Desde su regreso al poder en 2007, Daniel Ortega ha identificado a uno de sus oponentes políticos más importantes en la sociedad civil. Por eso siempre ha querido controlar a las ONG, pero nunca ha llegado tan lejos como con esta ley de agentes extranjeros ”, dijo la socióloga Elvira Cuadra. “La ley criminaliza el derecho fundamental de los ciudadanos a organizarse y participar. Es cierto que la ley limitará estas organizaciones, pero no las detendrá. No necesitan un estatus legal para funcionar ”.

La poeta Gioconda Belli dijo a EL PAÍS que, si bien la sociedad civil ha sido desmantelada legalmente, «la decisión de Ortega de ponerle fin la fortalece». “Fortalecerá la voluntad de nosotros mismos, de reinventarnos y usar toda nuestra creatividad y amor para seguir minando los muros detrás de los cuales su despiadada dictadura nos quiere encerrar”, dijo el escritor. “Esta ley y todas las de estos días solo demuestran que son conscientes de que su poder solo puede sostenerse tratando de aplastar la energía detrás del rechazo que inspira a su gobierno”, dijo el poeta.