Cali vuelve a ser el epicentro de la violencia durante otra jornada de protestas en Colombia. Este viernes murieron tres personas en el barrio La Luna de la tercera ciudad colombiana. Los videos difundidos en las redes sociales muestran a un fiscal, armado y vestido de civil, huyendo tras disparar contra dos manifestantes. En venganza, un grupo de hombres encapuchados lo persigue y lo lincha hasta matarlo. El Fiscal General Francisco Barbosa confirmó que era funcionario de esta entidad, pero aseguró que no estaba de servicio. «Fredy Bermúdez fue adscrito al Cuerpo Técnico de Investigación y, según la información recabada hasta el momento, disparó contra varias personas provocando la muerte de algunos civiles», confirmó Barbosa, lamentando la muerte de las tres personas. El presidente, Iván Duque, acudió a la ciudad para asistir a un consejo de seguridad ante el caos desatado durante la jornada.
Según las versiones que surgieron en Cali, Bermúdez quedó conmocionado por el bloqueo de la vía y utilizó su arma de dotación contra los manifestantes. Los videos muestran a uno de los jóvenes muertos en el asfalto. “Esta situación se creó entre los que bloqueaban una carretera y los que querían pasar. La reyerta ha traído esta loca situación de muerte y dolor ”, dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, llamando a la calma y al diálogo. En Candelaria, también en el departamento del Valle del Cauca, se informó del asesinato de un joven perteneciente a la llamada ‘línea de frente’ de manifestantes. Según el alcalde de la ciudad, Jorge Eliecer Ramírez, hubo un «enfrentamiento entre la comunidad y los jóvenes que estaban en las barricadas (cuadras)». La gobernadora, Clara Luz Roldán, admitió que la situación de seguridad se ha desbordado y ha dictado toque de queda a partir de las 7:00 am.
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En medio de este deterioro de la situación en algunos lugares, principalmente en los departamentos del Pacífico colombiano como Valle del Cauca y Cauca, donde en los últimos días se han quemado una sede judicial y una alcaldía, las conversaciones entre el Gobierno y el comité de huelga anhelan estancarse. . Aún no se ha aprobado el acuerdo preliminar para la creación de una mesa de negociación, con las partes ancladas en sus líneas rojas. Si bien el comité de huelga exige como medidas iniciales garantías de movilización, que cese la represión policial y que el presidente, Iván Duque, sea contundente en condenar los abusos de las fuerzas de seguridad, el ejecutivo ahora llama a las organizaciones a las que llaman los engranajes repeler y levantar los bloqueos. . A pesar del deterioro de la seguridad en Cali, se realizaron marchas pacíficas en el resto del país un mes después del inicio del paro nacional.
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Desbloquear las calles se ha convertido en una prioridad friccional y el gobierno ahora rechaza la figura de los corredores humanitarios en los que han insistido los manifestantes. «Para el gobierno nacional, este punto no es negociable», dijo Emilio Archila, delegado de acercamiento de Duque. “Debemos dejar claro que los bloqueos son una amenaza a los derechos de todos los colombianos. Afectan la movilidad, el empleo, el emprendimiento, el flujo de bienes y servicios, destruyen puestos de trabajo ”, subrayó este viernes el propio presidente en una entrevista con Blu Radio. “No solo debemos rechazarlos, sino también criarlos con toda la capacidad de la fuerza pública local.
Para el gobierno, la crisis también se ha desarrollado en el campo de la diplomacia, ya que Colombia ha sido objeto de infinidad de críticas externas por la represión de las protestas y por los repetidos episodios de uso excesivo de la fuerza durante este mes. En este frente, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez pasó la semana en Estados Unidos, donde acudió a contener los daños apenas fue nombrada canciller. Este viernes se reunió con el secretario de Estado, Antony Blinken, quien según su despacho «expresó su preocupación y condolencias por la pérdida de vidas durante las recientes protestas» y «reafirmó el derecho incuestionable de los ciudadanos a protestar pacíficamente». El jefe de la diplomacia estadounidense también apoyó el difícil diálogo entre el gobierno de Duque y el comité de huelga, además de reiterar el compromiso de la administración Biden con la paz en Colombia.
A pesar de que la gira del nuevo canciller estuvo dominada por un tira y afloja en torno a una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia, según lo manifestado por diversas organizaciones sociales, el encuentro con Blinken es fruto de diplomacia colombiana maltratada. El gobierno lo exhibió como la primera visita que recibió de un líder latinoamericano. El estallido social se produjo cuando Bogotá sigue lidiando con la reorganización de las relaciones con Washington luego de apostar por la reelección del republicano Donald Trump, lo que ha enfurecido a muchos líderes demócratas. Cincuenta miembros del Congreso del partido del presidente Biden han criticado el manejo de las protestas e incluso han pedido que se suspenda la asistencia a la policía colombiana.
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