Las sesiones de escrutinio del gobierno son el momento más espectacular e incluso el más superficial de la vida parlamentaria. Un pim-pam-pum de discursos de hasta dos minutos, en los que los líderes políticos enlazan los temas más dispares y las frases más empaquetadas. Un formato ideal para lo que requieren los focos. Cuando se desactivan, las cosas siguen pasando en la sala de congresos, aunque algunas pasan casi desapercibidas. Los portavoces del tercer grupo de la Cámara también denuncian en el parlamento un complot del gobierno contra su partido.
Resulta que la portavoz Macarena Olona de Vox, con motivo de su primer enfrentamiento en pleno contra la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, el pasado miércoles, desveló ni más ni menos de la existencia de un plan secreto del Ejecutivo para prohibir su entrenamiento. Su líder, Santiago Abascal, ya había lanzado un enigmático «fantaseas con hacernos proscritos» frente al Primer Ministro. Olona detalló entonces esa fantasía frente a un hemiciclo que ya había sufrido la derrota que sigue al final de los efímeros duelos entre la alta dirección: el gobierno «lleva meses preparando» una operación para «fabricar pruebas» que le permitirían prohibir Vox. Según Olona, el instrumento sería la misma ley de partidos que sirvió para ilegalizar a Batasuna.
A la eurodiputada Olona le gusta invocar su condición de «procuradora del Estado» -lo dice en masculino- y lo hizo esta vez, a pesar de haberse eximido de presentar pruebas concretas para acreditar sus conclusiones. Le bastaba con que Llop decidiera no responder directamente a sus preguntas y se limitara a calificar su discurso de «delirio» para deducir que el Gobierno no se atreve a negar tan «graves acusaciones».
La ultraderecha esta vez desistió de amenizar el inicio del nuevo curso parlamentario con una moción de censura, como hizo el año pasado, pero volvió al Congreso con un renovado discurso en decibelios, conspiraciones o leyendas de las ultra redes. Y con creciente agresión en sus palabras contra los inmigrantes. Abascal también le dijo a Pedro Sánchez que los extranjeros «siembran el pánico en las calles de España». El día anterior, la diputada María Ruiz Solás había identificado a los inmigrantes como importadores de homofobia, lo que le valió la desaprobación de toda la Cámara menos del PP, que suele evitar enfrentamientos tan directos. «Vivimos en una realidad paralela», dijo la diputada de Ciudadanos Sara Giménez.
Vox se siente fortalecida por el éxito de su recurso de inconstitucionalidad contra el estado de alarma y por los descuidos del gobierno en el caso del falso asalto homofóbico de Malasaña. Se jacta del primero en cada uno de sus discursos. El segundo sirvió para construir una historia inversa: el único discurso de odio en España es el que propaga contra Vox un gobierno que surgió de «un colosal fraude electoral» y se alió con la «izquierda mediática» a través de «montajes» como el de Malasaña. . Todo esto es prueba, según la ultraderecha, de que el Ejecutivo busca ilegalizar al partido que más abiertamente pide la ilegalización de otros: ciertamente, los separatistas, incluido el PNV, «un tumor que hay que extirpar». el pleno del diputado Joaquín Robles – y también es posible que los «marxistas», según dijeron una vez los dirigentes de Vox.
El discurso de la extrema derecha contra los inmigrantes o contra el colectivo LGTBI – ”a vestíbulo”, En la definición del diputado Ruiz Solás— volvió a despertar el repudio general de la Cámara. Sobre estos temas y sobre el feminismo, partidos como Ciudadanos o el PNV se acercan a Vox con la misma determinación que la izquierda. El PP ni siquiera respalda estas posiciones de sus competidores de derecha, pero en general rechaza el enfrentamiento directo. Esta semana, los Populares fueron los únicos que no se pelearon con el partido de Abascal por su discurso sobre las minorías sexuales. La diputada del PP Marta González pasó más tiempo criticando al gobierno por el caso Malasaña. Y su grupo se abstuvo de votar sobre un texto socialista que condena los ataques homofóbicos. Vox apretó el botón para el único voto negativo.
Hay momentos, sin embargo, en los que los populares son incapaces de contener su exasperación ante determinadas actitudes de la extrema derecha. Le sucedió al diputado José Antonio Bermúdez de Castro, luego de que Vox intentara derogar una pequeña reforma del reglamento para adecuar los nombres de las comisiones parlamentarias a los de los nuevos ministerios. El partido de Abascal argumentó que la existencia de una comisión por cada ministerio es un subterfugio para que los diputados cobren más dietas. Bermúdez de Castro y Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, violaron a José María Sánchez, diputado y juez de Vox al que le gusta mostrar cultura jurídica. Bermúdez hizo feos sus «argumentos falsos». El Ciudadano lo expresó menos quisquilloso: «Mientes a los españoles».
Incluso en ese procedimiento ligero y políticamente sin sentido -tanto el partido gobernante como el PP lo apoyaron al mismo tiempo- Vox fue el único que votó en contra. No hay situación que agrada más a la extrema derecha: dejar claro que están de un lado y los partidos del «consenso progresista» del otro. Vox contra el mundo y el mundo contra Vox. «Porque sólo queda Vox», repiten sus diputados.
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