Más de un centenar de liberaciones recientes en Venezuela ha vuelto a encender la discusión sobre la situación de los presos políticos, las condiciones reales bajo las que recuperan la libertad y el verdadero alcance de estas acciones. Mientras el Gobierno exhibe estos movimientos como señales de apertura, organizaciones civiles, familiares y la comunidad internacional los examinan con prudencia.
Contenido del Artículo
Las liberaciones en Venezuela y las interrogantes que todavía permanecen
En los días recientes, el Gobierno venezolano ha comunicado la liberación de más de un centenar de personas que seguían bajo privación de libertad, aunque este anuncio ha venido acompañado por un notable silencio institucional: no se han presentado listados oficiales con los nombres de quienes recuperaron la libertad ni se ha especificado en cuáles centros de reclusión permanecían detenidos. La información conocida hasta el momento ha sido reconstruida mayormente por organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, que han monitoreado de cerca cada situación.
A la limitada transparencia se añade un factor igualmente decisivo: no se han ofrecido precisiones sobre la situación jurídica en la que permanecen quienes recuperaron la libertad. No queda claro si enfrentan absoluciones, sobreseimientos o disposiciones temporales, lo que deja a las personas liberadas inmersas en un panorama legal incierto. Esta falta de definición contribuye a entender por qué la mayoría ha preferido no brindar declaraciones públicas acerca de lo vivido, sobre todo dentro del país, donde continúan los temores vinculados al aparato de seguridad estatal.
Excarcelaciones sujetas a condiciones y causas judiciales en curso
Diversas organizaciones civiles han señalado que las recientes excarcelaciones no garantizan por sí mismas la conclusión de los procesos judiciales, y defensores de derechos humanos apuntan que se trataría de liberaciones sujetas a condiciones particulares, lo que deja abierto el riesgo de que las personas puedan ser detenidas nuevamente; en varios casos, además, se ha pedido que los nombres de quienes fueron liberados no se hagan públicos como medida adicional de resguardo.
Desde estas organizaciones se insiste en que la condición de “preso político” no se extingue automáticamente con la salida de la cárcel, sobre todo cuando las causas judiciales siguen activas. La figura de las medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad ha sido señalada como un mecanismo recurrente, que permite al Estado mantener control sobre los excarcelados sin necesidad de mantenerlos tras las rejas.
Un ejemplo que ilustra esta situación es el de la activista venezolana-española Rocío San Miguel. Sus familiares han explicado que su excarcelación no representa una libertad plena, sino una medida judicial alternativa dentro de un proceso que continúa en curso. Entre las restricciones impuestas se incluye la prohibición de realizar declaraciones públicas, lo que limita su capacidad de denunciar o explicar su situación.
Restricciones, controles y silencios forzados
El Ministerio del Servicio Penitenciario ha señalado que las personas liberadas estarían vinculadas a hechos considerados como amenazas al orden constitucional y a la estabilidad del país. No obstante, no se han especificado de manera oficial las condiciones concretas que acompañan estas excarcelaciones. Consultas realizadas por medios internacionales a las autoridades venezolanas no han obtenido respuesta hasta el momento.
Testimonios de familiares de excarcelados a finales de diciembre revelan un patrón de restricciones que se repite. Entre las medidas cautelares más comunes se encuentran la prohibición de salir del país, la imposibilidad de conceder entrevistas o emitir opiniones en redes sociales, así como la obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales. En algunos casos, también se ha impuesto la prohibición de comunicarse entre sí, una disposición que limita la organización colectiva y el intercambio de información entre antiguos detenidos.
Organizaciones como Foro Penal han logrado confirmar un número de excarcelaciones significativamente menor al anunciado por el Gobierno. Hasta una de las últimas actualizaciones, se habían verificado poco más de cincuenta casos, una cifra que representa menos de la mitad de lo informado oficialmente y una fracción reducida del total de presos políticos que estas organizaciones contabilizan en el país.
Voces desde el exterior: los testimonios que sí se conocen
Aunque dentro de Venezuela predomina el silencio, algunos excarcelados de nacionalidad extranjera que lograron salir del país han compartido sus experiencias una vez en el exterior. Estos relatos han aportado detalles sobre las condiciones de reclusión y el impacto psicológico de la detención prolongada.
Uno de los testimonios más difundidos es el del empresario italiano Mario Burlò, quien fue detenido a finales de 2024 y regresó recientemente a Italia. Burlò relató que durante su detención temió por su vida y que su caso fue percibido por su familia como una desaparición prolongada. Según sus declaraciones, fue acusado de delitos graves como terrorismo y conspiración, cargos de los que posteriormente fue absuelto.
En cuanto a las condiciones de reclusión, relató que estuvo sometido a un encierro estricto, con acceso muy restringido al patio y una higiene sumamente deficiente; si bien afirmó no haber padecido agresiones físicas directas, subrayó que el prolongado aislamiento y la falta de contacto con su familia durante casi un año le generaron un desgaste psicológico que describió como profundamente devastador.
Otro caso es el de Alberto Trentini, un trabajador humanitario que fue arrestado en noviembre de 2024. Al regresar a Italia, manifestó su alivio por recuperar la libertad, aunque destacó que el impacto emocional tras más de un año de cautiverio resulta complejo de superar. En un comunicado emitido por su defensa legal, Trentini mencionó que requiere tiempo y calma para asimilar el sufrimiento experimentado, mientras recordó a quienes siguen detenidos en Venezuela.
Un escenario marcado por la incertidumbre
Las recientes liberaciones, en lugar de dar por concluida una etapa, han generado más dudas sobre el estado de los derechos humanos y del Estado de derecho en Venezuela, y la ausencia de datos oficiales precisos, junto con las limitaciones aplicadas a quienes recuperaron la libertad, alimenta la idea de que son acciones provisionales y sujetas a marcha atrás antes que soluciones concluyentes.
Mientras tanto, las organizaciones civiles continúan documentando casos, verificando información y acompañando a las familias de los detenidos. La comunidad internacional observa con atención un proceso que combina gestos de apertura con prácticas que mantienen un alto grado de control y opacidad.
En este contexto, los testimonios que logran salir a la luz desde el exterior se convierten en piezas clave para comprender lo que ocurre puertas adentro de los centros de detención venezolanos. Son relatos que no solo hablan de experiencias individuales, sino que reflejan un panorama más amplio de incertidumbre, temor y expectativas contenidas, tanto para quienes han sido excarcelados como para quienes aún esperan recuperar su libertad.
