mayo 13, 2022

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El baño de sangre de la represión policial en Colombia | Opinión

El baño de sangre de la represión policial en Colombia |  Opinión
Un soldado custodia la Fiscalía de Popayán, en el suroeste de Colombia, el 15 de mayo.
Un soldado custodia la Fiscalía de Popayán, en el suroeste de Colombia, el 15 de mayo.Erik Serna / EFE

Una ola de protestas sin precedentes estalló en Colombia desde el 28 de abril. Quizás el punto de comparación más cercano sea 1978, año de la última gran huelga nacional. El país tiene 1.122 municipios y el 28 de abril hubo protestas y manifestaciones en al menos 564 de ellos, según cifras de la Fundación Paz y Reconciliación. Desde ese momento las manifestaciones han sido continuas y los jóvenes han sido los protagonistas. Bloques, plantones, marchas y eventos culturales son el denominador común.

El gobierno de Iván Duque no esperaba esto y fue destituido por completo. Después de unos días de desorientación, la administración de derecha optó por crear cuatro estrategias para desactivar la huelga nacional. Entre ellos, la principal estrategia fue lo que se conoce popularmente como el modelo venezolano o el modelo de Nicolás Maduro. En otras palabras, acabar con las protestas con altos niveles de violencia. El número de víctimas es terriblemente trágico: decenas de víctimas.

La Modelo de Venezuela aplicado por el gobierno de Duque tiene tres etapas. El primero se basa en la fuerte represión de la protesta social por parte de agentes estatales. Los datos en Colombia son simplemente aterradores. Según la ONG Temblores, los muertos son 41, 12 agresiones sexuales, 28 personas víctimas de ataques oculares, 129 casos de tiroteos policiales y más de mil detenciones arbitrarias. Todo esto presuntamente cometido por miembros de la Policía Nacional. En un ejercicio comparativo, los datos son muy altos en Colombia.

Por ejemplo, durante las protestas en Perú fueron asesinados Brian Pintado e Inti Sotelo, por lo que cayó el presidente Manuel Merino, quien duró cinco días en el poder. En Chile, durante todas las protestas que estallaron en 2019, hubo 36 muertes, de las cuales seis en el contexto de enfrentamientos con las fuerzas del orden. En Colombia, 41 jóvenes fueron asesinados en solo dos semanas de protesta. Quizás el caso más aberrante ocurrió hace apenas unas horas, cuando una joven de 17 años fue presuntamente violada por cuatro policías y se suicidó unas horas después. Esto sucedió en Popayán, en el suroeste del país, lo que provocó que la ciudad estallara de rabia.

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La represión fue brutalmente violenta, pero fue solo una fase. El segundo comenzó hace apenas una semana: comenzaron a circular mensajes a través de WhatsApp para que los civiles salieran a enfrentar a los manifestantes y atacarlos. Juega a civiles contra civiles para luchar. Esto se vivió principalmente en Cali, cuando los civiles atacaron la minga indígena. Aún no está claro dónde ni cómo comenzaron estas cadenas, lo cierto es que cuando se iban a producir estos enfrentamientos la policía simplemente desaparecía. Ni la primera ni la segunda fase funcionaron. De hecho, el segundo fue un gran fiasco.

La tercera fase de esta estrategia es la judicialización. En la ciudad de Popayán, el ministro de Defensa ofreció recompensas por capturar a presuntos vándalos. Sin embargo, mencionó los alias de los presuntos vándalos que coincidían con los alias de los líderes sociales tradicionales de la región. Esta situación provocó la reacción del gobernador del Cauca pidiendo aclaraciones e ignorando esta oferta de recompensas. Para las organizaciones sociales es una persecución desatada por el gobierno nacional con el objetivo de trastornar el movimiento social.

La represión policial ha sido una constante durante años, pero esta vez las cosas han cambiado. Por un lado, todos los gobiernos acusaron a los manifestantes de haber sido infiltrados por la guerrilla para deslegitimar y demonizar la protesta social. Esta vez intentaron hacer lo mismo, pero nadie les creyó. De hecho, las manifestaciones más importantes se llevaron a cabo en zonas donde no operan grupos armados ilegales. Por otro lado, la violencia de la policía esta vez fue muy grande, sistemática y, sobre todo, visible. La mayoría de los abusos policiales se registraron en videos ciudadanos. La crisis de legitimidad es muy grave y la mayoría de la ciudadanía pide una profunda reforma policial. Quizás el punto principal sea quitar la jurisdicción penal militar a un organismo que, en teoría, debería ser civil.

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