septiembre 26, 2022

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FGR: Tomás Zerón se hizo cargo de empresas fantasma bajo un partido secreto

FGR: Tomás Zerón se hizo cargo de empresas fantasma bajo un partido secreto
Tomás Zerón, durante una rueda de prensa en la PGR, en noviembre de 2014.
Tomás Zerón, durante una rueda de prensa en la PGR, en noviembre de 2014.Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro

Durante la gestión de Tomás Zerón de Lucio como director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la fallecida Procuraduría General de la República (PGR), se adjudicaron contratos por 10 millones de pesos (aproximadamente $ 500.000) a dos firmas que luego terminan en la lista. de empresas fantasma elaborado por el SAT. Uno de los contratos era con una empresa que produciría un video que mostrara el trabajo de «inteligencia» realizado por el gobierno mexicano durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para averiguar dónde se encontraba Joaquín Guzmán Loera, entonces líder del cartel de Sinaloa. Los recursos asignados a la empresa provienen de la partida presupuestaria 33701 que sirve para gastos de seguridad nacional no transparentes por parte de las autoridades. Las irregularidades encontradas en parte de los gastos incurridos por este tema durante el gobierno de Zerón son el motivo de una de las investigaciones que adelanta la actual Fiscalía General de la Nación (FGR) contra el exfuncionario prófugo.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) fue creada en septiembre de 2013 durante el gobierno de Peña Nieto como un organismo que concentraría las tareas de inteligencia e información criminal, investigaciones y servicios periciales en un solo organismo. El objetivo de la AIC sería «incrementar la capacidad de investigación y generación de inteligencia para la investigación de delitos en la institución», destacó la entonces PGR en un informe de trabajo. El organismo incorporó a su estructura la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales y el Centro Nacional de Planificación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), que quedó bajo su mando. Zerón de Lucio fue designado titular de la AIC, en el cargo hasta septiembre de 2016, cuando fue obligado a renunciar por acusaciones de los padres del normalista de Ayotzinapa, quienes lo acusaron de manipular pruebas en la investigación del caso. Fuentes de la Fiscalía confirmaron que se encuentran en curso investigaciones contra Tomás Zerón por el uso de empresas fachada, pero indicaron que no es posible brindar mayores detalles al respecto porque se vería afectado el debido proceso.

En los tres años que Zerón estuvo al frente de la AIC, el organismo tuvo un presupuesto aprobado de 407 millones de pesos con cargo a las partidas 33701 y 55102, pero terminó gastando 1.529 millones de pesos, según datos del Ministerio de Hacienda. Ahora se sabe que muchos de esos recursos etiquetados en juegos secretos de seguridad se utilizaron de forma irregular. En septiembre del año pasado, el fiscal Alejandro Gertz Manero acusó a Zerón de sustraer más de 1.000 millones de pesos del presupuesto de la PGR como «pago por su infamia» en Caso Ayotzinapa y con el consentimiento de sus superiores. Por tal motivo, el Ministerio Público obtuvo dos órdenes de aprehensión de un juez contra Zerón por los delitos de mal servicio público, malversación e igual fraude, según el anuncio. Animal político pasado noviembre. La Fiscalía investiga el alegado desvío de 1.102 millones de pesos a través de tres presuntos contratos «amañados» para la compra de material de espionaje cobrados en el rubro de gastos de seguridad pública y nacional, detalló el portal en un informe.

Ahora EL PAÍS anuncia que a estos contratos irregulares se van sumando otros por un monto de 10 millones de pesos que han terminado en dos papeleras. Con los recursos asignados a los elementos de seguridad, se adjudicaron contratos por cuatro millones de pesos a EBS Solde Organización y también se realizaron pagos por seis millones de pesos a Asociados y Consorcio Corporativo SA de CV, según información proporcionada por la misma Fiscalía. del SAT. Los contratos celebrados con estas empresas no fueron transparentes porque formaban parte de los gastos en que incurría la FGR por sus labores de seguridad y que implican «secreto». En el caso de EBS Solde Organización, la FGR dijo que solo encontró un contrato con esta empresa por 580.000 pesos, a pesar de que la SAT tiene registros de facturas emitidas por cuatro millones de pesos. El contrato, según respondió la FGR tras una solicitud de información a este medio, era para el «servicio de producción y postproducción del video del trabajo de inteligencia relacionado con la detención de Joaquín Guzmán Loera». En el caso de Asociados y Consorcio Corporativo SA de CV, no quiso brindar detalles de la contratación, pero en los archivos de la comisión de transparencia de la entonces PGR hay rastro de que se asignaron seis millones de pesos al rubro 33701.

EBS Solde Organización es una empresa constituida en Monterrey, Nuevo León, el 15 de marzo de 2013 con un objeto comercial tan diverso que abarca desde la operación de sistemas de localización y rastreo de geosatelites hasta la venta de productos agrícolas y empaques de alimentos. También ofrece consultoría y asesoramiento en materia fiscal y medioambiental, según los estatutos consultados en el Registro Público de Comercio. En su historia comercial, tiene contratos con varios municipios de Nuevo León. La sociedad Asociados y Consorcio Corporativo SA de CV también se constituyó en marzo de 2013 y se disolvió cinco años después en asamblea. La empresa chiapaneca fue acusada en esa agencia de haber recibido contratos para impartir cursos de contención emocional que nunca tomó. Un grupo de empleados de la Secretaría para el Empoderamiento de la Mujer en 2016 se quejó ante un medio local de que los seminarios fueron simulados y que el personal se había visto obligado a tomar fotografías para justificar la supuesta capacitación. Ambas empresas fueron incluidas en la lista de empresas que facturan transacciones SAT simuladas.

Gastos injustificados

Una parte de los 1.529 millones de pesos señalados en los ítems 33701 y 55102 – asignados a las distintas instancias que formaban parte del organismo comandado por Zerón – fueron mal gastados y sin apegarse a los criterios de riesgo, urgencia y confidencialidad, ya que su uso estaba condicionado. , según diversos informes del Órgano de Control de la Fiscalía. En una auditoría realizada en 2015 en el Centro Nacional de Planificación, Análisis e Información para el Combate al Crimen (Cenapi), se encontraron deficiencias en el control y supervisión. El informe indica que en octubre de 2014 Cenapi firmó un contrato por 71,4 millones de pesos con el proveedor Vans y Subs de Lujo SA de CV para la adquisición de 24 vehículos que serían utilizados en actividades tácticas. Sin embargo, cuando se cumplió el plazo de entrega, el proveedor sólo suministró cuatro unidades que fueron facturadas en el ítem 55102 (equipos de seguridad), incumpliendo los términos pactados en el contrato.

En otra auditoría de 2015 realizada por la Policía Federal Ministerial, se encontró falta de documentación de respaldo y gastos injustificados bajo el ítem 33701. El organismo no contaba con la documentación que justificara y verificara el gasto otorgado por 23,3 millones de pesos, referido a gastos de viaje, hospedaje e investigación pagados a empleados públicos en 2014. “Los controles de recursos que realiza la Policía Federal Ministerial carecen de precisión y confiabilidad ”, Se lee. Además, los funcionarios no presentaron el aviso oficial de la comisión, investigación o actividad especial a realizar. También se constató que los recursos no considerados en el ítem 33701 han sido ejercitados y por lo tanto no derivan de actividades particulares de riesgo, urgencia o confidencialidad. “Esto genera omisiones en la legislación aplicable, lo que se traduce en una falta de transparencia en el ejercicio del presupuesto asignado a tal efecto”, resolvieron los auditores de cuentas.

En otra auditoría también realizada por la Policía Federal Ministerial, se encontraron irregularidades en el parque de vehículos, ya que 31 unidades no habían sido localizadas en una inspección física. En la Coordinación General de Servicios Periciales, los auditores constataron que había 72 activos que habían sido comprados y recibidos en diciembre de 2013 y que a septiembre de 2015 – cuando se realizó la auditoría – se encontraban empaquetados y sin uso. La adquisición de estos insumos costó 46,3 millones de pesos y fue necesaria para la creación de cuatro laboratorios regionales de genética forense que no se habían construido.

El abuso de este artículo en otra unidad de la extinta PGR es objeto de investigación. En julio del año pasado, EL PAÍS anunció que la actual Fiscalía que encabeza Gertz Manero está investigando la división de Asuntos Internos, conocida formalmente como Inspección General, porque entre 2013 y 2014 dejó 102 millones de pesos de un artículo por cuestiones de seguridad. Si bien el uso de estos fondos es de carácter confidencial porque se utilizan para investigaciones o pagos a denunciantes, los funcionarios deben justificar su uso internamente mediante un registro detallado, que no se ha realizado adecuadamente. Además, los investigadores de la FGR encontraron extraños movimientos de entrada y salida de dinero de las cuentas de Asuntos Internos y concluyeron que no era posible saber si los cargos se aplicaron o no en las investigaciones de la Oficina General.

Javier Oliva Posada, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señala que hay rubros dentro del gasto en seguridad que son muy difíciles de transparentar porque esto podría poner en peligro la vida de los policías. “La cuestión del tamaño de la seguridad nacional es extremadamente compleja desde un punto de vista administrativo. Por eso, en algunos aspectos, la transparencia puede estar sujeta a la excepción según el tema ”, dice el académico. Una solución para asegurar que estos fondos estén adecuadamente controlados es contar con agencias fuera de las áreas de seguridad, como instituciones educativas, para ayudar en la auditoría y supervisión del adecuado ejercicio de estos elementos. El experto en seguridad nacional afirma que también es muy común que el presupuesto ejercido termine siendo superior al aprobado porque en términos de seguridad no es posible prever situaciones que surgen inesperadamente y que deben ser atendidas. «Esto también sucede con mucha frecuencia en el comité de adquisiciones del Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, donde hay ajustes presupuestarios ante problemas de seguridad nacional», dice.

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